Instituto ecuatoriano seguridad social ecuador

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Seguro social: 6,64 % (la mayoría de los empleados del sector público y privado) u 8,64 % (empleados de instituciones públicas subnacionales y empleados de la banca) de los ingresos mensuales brutos, más el 0,1 % de los ingresos mensuales brutos para la pensión especial de invalidez. Los asegurados voluntarios pagan el 8,86 % de la remuneración mensual bruta más el 0,1 % de la remuneración mensual bruta para la pensión especial de invalidez.

Pensión de vejez (Jubilación Ordinaria por Vejez, seguro social): A cualquier edad con al menos 480 meses de cotización; a los 60 años con al menos 360 meses de cotización; a los 65 años con al menos 180 meses de cotización; o a los 70 años con al menos 120 meses de cotización.

El empleo debe cesar en el momento de la solicitud, pero puede reanudarse posteriormente. Durante el primer año de percepción de la pensión, el pensionista que reanude su actividad laboral debe trabajar para una empresa distinta de la que certificó la solicitud de pensión.

Pensión de invalidez (Jubilación por Invalidez, seguro social): Debe tener al menos un 50 % de pérdida de la capacidad de ganancia evaluada y al menos 60 meses de cotizaciones, incluidas las de los seis meses anteriores al inicio de la invalidez; al menos 120 meses de cotizaciones y no recibir una pensión de vejez si la invalidez comenzó en los dos años siguientes al cese de la actividad laboral.

Biess

La telemedicina es una disciplina que implica el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para prestar servicios médicos a distancia. Los profesionales de la salud pueden utilizarla para llevar a cabo actividades de prevención y las relacionadas con el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los usuarios del sistema sanitario, en particular de aquellos que no pueden acudir a la atención presencial.

Los problemas de evasión y fraude a la seguridad social tienen un alto coste social y económico, crean desequilibrios en las cuentas de la seguridad social y, en última instancia, provocan distorsiones económicas que no son favorables para el funcionamiento y la competitividad de la economía nacional. También tienen un impacto político porque socavan la reputación de las instituciones que administran los programas de seguridad social. Se calcula que la evasión y el fraude provocan un déficit de ingresos de entre el 3% y el 5% en los sistemas de seguridad social y suponen hasta el 2% del producto interior bruto de los países de la OCDE (RAND Europe, 2014). Es probable que estas cifras sean mayores en los países con economías menos formales.

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El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) organizó el jueves 15 de agosto de este año la ceremonia especial 2019 de Reconocimiento a las Buenas Prácticas Corporativas en la Región Costa. Más de 150 personas de diferentes corporaciones asistieron al encuentro en Manta. El objetivo de este evento especial fue premiar el aporte de las organizaciones públicas y privadas al Sistema de Seguridad Social por la generación de empleos y su cumplimiento de las leyes y normas institucionales.

Durante su intervención, Felipe Pezo informó que estos reconocimientos buscan resaltar y promover las buenas prácticas empresariales que generan las mejores condiciones de trabajo, que incluyen todos los beneficios que otorga el Sistema de Seguridad Social. “Somos los socios estratégicos de los empresarios: estamos aquí para reconocer su esfuerzo”, destacó.

Más de 700 empresas se presentaron para participar en las tres categorías establecidas. La metodología de evaluación para determinar el ranking de estas empresas fue de carácter técnico; reunió criterios y ponderaciones para que la selección y premiación en las categorías existentes fuera estrictamente objetiva.

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Los ingresos de los hogares ecuatorianos se vieron muy afectados por la pandemia, a pesar del subsidio de emergencia que el gobierno concedió a las familias. H Xavier Jara Tamayo (Universidad de Essex), Lourdes Montesdeoca (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador) e Iva Tasseva (LSE) afirman que el país debe replantearse sus planes de protección social y considerar la posibilidad de recaudar más dinero a través de los impuestos de sociedades y de patrimonio.

Los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo de los Hogares Urbanos y Rurales (ENEMDU) recogidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) antes y durante la pandemia revelan el impactante efecto que la enfermedad y las consecuentes medidas de bloqueo tuvieron en el mercado laboral ecuatoriano. Entre diciembre de 2019 y junio de 2020, el número total de personas con trabajo remunerado y no remunerado disminuyó en un 15%, mientras que una gran fracción de los asalariados que permanecieron en el trabajo perdieron sus ingresos. En general, el número de asalariados formales cayó un 29%, y el número de asalariados informales un 52%. El desempleo se triplicó con creces, pasando de 311.134 a más de un millón de personas, y la inactividad aumentó en torno al 10%.