Instituto ecuatoriano de seguridad social jubilacion

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Comunicación presentada por: Marcia Cecilia Trujillo Calero (representada por los abogados Ramiro Rivadeneira Silva, Patricio Benalcázar Alarcón, José Luis Guerra Mayorga y Rodrigo Varela Torres, de la Defensoría del Pueblo del Ecuador)

1.1La autora es Marcia Cecilia Trujillo Calero, de nacionalidad ecuatoriana, nacida el 10 de abril de 1952. Alega ser víctima de una violación por parte del Estado Parte de sus derechos en virtud del artículo 9 del Pacto. El Protocolo Facultativo entró en vigor para el Estado parte el 5 de mayo de 2013. La autora está representada por la Oficina del Defensor del Pueblo.

1.2. En el presente dictamen, el Comité resume en primer lugar la información y los argumentos presentados por las partes y el tercero interviniente (párrafos 2.1 a 8.2 infra), sin reflejar la posición del Comité. A continuación, examina la admisibilidad y el fondo de la comunicación y, por último, formula sus conclusiones y recomendaciones.

2.2 El 13 de septiembre de 2002, la Comisión de Prestaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Regional 1, consideró que la afiliación voluntaria del autor se había extinguido en agosto de 1989, de conformidad con el artículo 158 del Estatuto Codificado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que establece que la afiliación voluntaria se extingue si el asegurado no paga las cotizaciones durante seis meses consecutivos. El 6 de marzo de 2003, la Junta Nacional de Apelaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social confirmó la decisión en apelación. La autora alega que no tuvo conocimiento de ninguna de estas decisiones hasta que la Junta Nacional de Apelaciones le notificó su decisión el 21 de junio de 2007.

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El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) organizó el jueves 15 de agosto de este año la ceremonia especial 2019 de Reconocimiento a las Buenas Prácticas Corporativas en la Región Costa. Más de 150 personas de diferentes corporaciones asistieron al encuentro en Manta. El objetivo de este evento especial fue premiar el aporte de las organizaciones públicas y privadas al Sistema de Seguridad Social por la generación de empleos y su cumplimiento de las leyes y normas institucionales.

Durante su intervención, Felipe Pezo informó que estos reconocimientos buscan resaltar y promover las buenas prácticas empresariales que generan las mejores condiciones de trabajo, que incluyen todos los beneficios que otorga el Sistema de Seguridad Social. “Somos los socios estratégicos de los empresarios: estamos aquí para reconocer su esfuerzo”, destacó.

Más de 700 empresas se presentaron para participar en las tres categorías establecidas. La metodología de evaluación para determinar el ranking de estas empresas fue de carácter técnico; reunió criterios y ponderaciones para que la selección y premiación en las categorías existentes fuera estrictamente objetiva.

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Seguro social: 6,64 % (la mayoría de los empleados del sector público y privado) u 8,64 % (empleados de instituciones públicas subnacionales y empleados de bancos) de los ingresos brutos mensuales, más el 0,1 % de los ingresos brutos mensuales para la pensión especial de invalidez. Los asegurados voluntarios pagan el 8,86 % de la remuneración mensual bruta más el 0,1 % de la remuneración mensual bruta para la pensión especial de invalidez.

Pensión de vejez (Jubilación Ordinaria por Vejez, seguro social): A cualquier edad con al menos 480 meses de cotización; a los 60 años con al menos 360 meses de cotización; a los 65 años con al menos 180 meses de cotización; o a los 70 años con al menos 120 meses de cotización.

El empleo debe cesar en el momento de la solicitud, pero puede reanudarse posteriormente. Durante el primer año de percepción de la pensión, el pensionista que reanude su actividad laboral debe trabajar para una empresa distinta de la que certificó la solicitud de pensión.

Pensión de invalidez (Jubilación por Invalidez, seguro social): Debe tener al menos un 50 % de pérdida de la capacidad de ganancia evaluada y al menos 60 meses de cotizaciones, incluidas las de los seis meses anteriores al inicio de la invalidez; al menos 120 meses de cotizaciones y no recibir una pensión de vejez si la invalidez comenzó en los dos años siguientes al cese de la actividad laboral.

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Seguro social: 6,64% (la mayoría de los empleados del sector público y privado) u 8,64% (empleados de instituciones públicas subnacionales y empleados de bancos) de los ingresos brutos mensuales, más el 0,1% de los ingresos brutos mensuales para la pensión especial de invalidez. Los asegurados voluntarios pagan el 8,86 % de la remuneración mensual bruta más el 0,1 % de la remuneración mensual bruta para la pensión especial de invalidez.

Pensión de vejez (Jubilación Ordinaria por Vejez, seguro social): A cualquier edad con al menos 480 meses de cotización; a los 60 años con al menos 360 meses de cotización; a los 65 años con al menos 180 meses de cotización; o a los 70 años con al menos 120 meses de cotización.

El empleo debe cesar en el momento de la solicitud, pero puede reanudarse posteriormente. Durante el primer año de percepción de la pensión, el pensionista que reanude su actividad laboral debe trabajar para una empresa distinta de la que certificó la solicitud de pensión.

Pensión de invalidez (Jubilación por Invalidez, seguro social): Debe tener al menos un 50 % de pérdida de la capacidad de ganancia evaluada y al menos 60 meses de cotizaciones, incluidas las de los seis meses anteriores al inicio de la invalidez; al menos 120 meses de cotizaciones y no recibir una pensión de vejez si la invalidez comenzó en los dos años siguientes al cese de la actividad laboral.