Instituto de derechos humanos uruguay

Desafíos actuales en la protección de los civiles en los conflictos armados

La Oficina Regional del IIDH en América del Sur está ubicada en Montevideo, Uruguay. Fue establecida el 5 de marzo de 2009 mediante un Acuerdo de Sede entre el IIDH y el Gobierno de Uruguay. El Secretario General de la OEA participó en el Acuerdo.

La Oficina Regional ha emprendido una línea de trabajo estratégica y ha consolidado importantes alianzas promoviendo diversas acciones institucionales en proyectos de alcance regional, subregional o nacional. Su trabajo en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile es altamente reconocido, como por ejemplo en la Reunión de Altos Funcionarios de Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur y Estados Asociados.

La Oficina Regional del IIDH en América del Sur está representada y coordinada por Soledad García, abogada española/argentina, profesora universitaria de posgrado, con amplia experiencia en la protección y promoción de los derechos humanos, especialmente en lo que se refiere a cuestiones de igualdad de género y derechos de la mujer.

Aplicación de la lente de la atrocidad a través del Consejo de Derechos Humanos

Hoy en día, el periodismo se encuentra bajo asedio debido a las numerosas agresiones, especialmente contra las mujeres periodistas. La Corte Interamericana se ha ocupado ampliamente de estas situaciones, en las que la impunidad está desgraciadamente muy extendida. El acoso en línea también es muy preocupante en nuestro continente.

Teniendo en cuenta el papel de los tribunales y el mayor grado de independencia de que gozan los jueces en muchos países, a lo largo de los años se han tomado importantes decisiones para garantizar la aplicación de las normas de libertad de expresión y la seguridad de los periodistas. Así lo destacó la Presidenta de la CADHP, la Honorable Jueza Imani Daud Aboud:

Durante la sesión, se presentaron las decisiones más importantes de los tres tribunales regionales de derechos humanos, proporcionando una visión regional de la jurisprudencia sobre estos temas. Más concretamente, se abordó el tema de la criminalización de la expresión a través de los casos Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso, Palacio Urrutia c. Ecuador y Lingens c. Austria, mientras que se mencionaron los casos Norbert Zongo c. Burkina Faso, Bedoya Lima c. Colombia y Dink c. Turquía para introducir el tema de la seguridad de los periodistas y la cuestión imperante de la impunidad de los delitos cometidos contra ellos.

Las minorías religiosas en el derecho internacional: una historia de lagunas y

Sostuvo que el conductor podía eludir la cláusula de arbitraje alegando que su contrato sería de “naturaleza laboral”, lo cual, según el Tribunal, no sería arbitrable en Uruguay. Uno de los tres miembros de la Cámara de Apelaciones del Trabajo disintió. Poco después, el 26 de junio de 2020, la Corte Suprema de Canadá2 emitió una decisión que sostenía que una cláusula de arbitraje similar era inaplicable (también con un voto disidente), pero basada en motivos diferentes.3 Ambas decisiones tendrán probablemente implicaciones para las transacciones internacionales, la interpretación de las cláusulas de arbitraje y la aplicación de la Convención de Nueva York de 1958.4

La decisión uruguaya contradice decisiones anteriores dictadas por los más altos tribunales del país,5 incluyendo tres decisiones de la Suprema Corte de Justicia.6 La Suprema Corte ha sostenido que, a falta de una disposición de la ley que impida el arbitraje en cuestiones laborales -que no existe en Uruguay-, todas las cuestiones contractuales (incluidas las laborales, de empleo u otras relacionadas con los servicios) que puedan resolverse sin intervención judicial pueden someterse a arbitraje. Es decir, para los tribunales uruguayos, incluso si la relación entre una app y los conductores que decidieron beneficiarse de ella se calificara como “empleo” -lo que no es así-, el asunto seguiría siendo arbitrable.

XX Aniversario del Estatuto de Roma

La República de Uruguay está situada en América del Sur, entre Argentina, Brasil y el océano Atlántico Sur, y tiene una población de 3.332.972.[1] Uruguay obtuvo la independencia y la soberanía de España en 1828[2] y tiene pleno control sobre sus asuntos internos y externos.[3] Entre 1973 y 1985, Uruguay estuvo gobernado por una dictadura cívico-militar que cometió numerosos abusos contra los derechos humanos.

En general, Uruguay está comprometido con la promoción y la protección de los derechos humanos y es el país más respetuoso con los derechos humanos de Sudamérica[4]. Sin embargo, sigue habiendo motivos de preocupación, como las instalaciones penitenciarias inhumanas, el acceso a la justicia por los delitos cometidos durante la dictadura y la discriminación de la mujer.

Uruguay también ha ratificado los dos protocolos facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)[5] y tiene una reserva/declaración general con respecto a los párrafos 2 y 3 del artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que trata de la participación de los jóvenes en los conflictos armados[6].

Uruguay está sujeto al proceso del Examen Periódico Universal por ser un Estado miembro de las Naciones Unidas[7]. Ha completado dos rondas del Examen Periódico Universal, la última en 2013[8]. Uruguay ha reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como miembro de la Organización de Estados Americanos[9].